Como venimos informando, tras los incendios forestales del pasado mes de agosto, Ecologistas en Acción de la provincia de León remitió sendos escritos a la Dirección General de Minas, responsable de la concesión y gestión de las Aguas Minerales y a la Confederación Hidrográfica del Duero como Organismo competente en materia de aguas, requiriendo la evaluación y control del estado, actual y futuro, de los acuíferos en las zonas afectadas por los incendios.
Atendiendo a esta solicitud, CHD ha remitido un documento señalando que, en lo referente a las áreas afectadas por los incendios en la provincia de León, se han identificado las siguientes masas de agua subterránea potencialmente afectadas: La Tercia-Mampodre-Riaño (400001), La Babia-Luna (400002), Terciario Detrítico del Esla-Cea (400007) y La Maragatería (400012).
Añade que, en algunas de estas zonas, seleccionadas por su mayor vulnerabilidad a la contaminación y teniendo en cuenta sus características hidrogeológicas, se llevará a cabo de forma periódica una monitorización extraordinaria con objeto de detectar los contaminantes más característicos asociados con los incendios forestales (hidrocarburos aromáticos policíclicos y algunos metales, fundamentalmente), enumerando en su Anexo I la lista de los puntos de la red de control del estado químico identificados en las zonas quemadas.
Concluye el informe advirtiendo que “el potencial impacto de los incendios en las aguas subterráneas no se produce de forma inmediata, dado que para que los contaminantes asociados a cenizas y materia orgánica alcancen los acuíferos es preciso que se produzca la recarga, lo cual depende de la ocurrencia de precipitaciones significativas y de su infiltración a través del suelo y la zona no saturada”.
A diferencia de CHD, y a pesar de la magnitud de los siniestros y las graves repercusiones sobre los acuíferos afectados, la Dirección General de Minas resuelve el requerimiento de Ecologistas en Acción argumentado que “no existe precepto legal que obligue a iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas de las Declaraciones de Agua Mineral otorgadas, ni de la suspensión cautelar de las mismas”.
Resulta decepcionante la falta de sensibilidad de este Organismo, aplicando viejas recetas administrativas a los nuevos problemas medioambientales, cuando es de todos conocido que la vigente Ley de Minas es una obsoleta norma preconstitucional del año 1973 que en ningún caso tiene en consideración el impacto sobre el medio ambiente de las explotaciones mineras.
Cabe recordar que en la provincia de León en la actualidad se están tramitando, en fase de solicitud de aprovechamiento, dos proyectos de plantas embotelladoras que solicitan comercializar las aguas procedentes de zonas contaminadas, (acuífero subterráneo “La Maragatería”), la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y la del manantial de “La Borrazal” en Pobladura de la Sierra cuya aprobación depende de la Dirección General de Minas como Organismo autonómico competente.
Por ello, Ecologistas en Acción de León solicita a la dirección General de Minas que tenga en consideración el informe de Confederación Hidrográfica del Duero y que se adopten las medidas oportunas que impidan otorgar el aprovechamiento de unas aguas que, en la actualidad y previsiblemente en mucho tiempo, no cumplen las exigencias que prescribe la ley cuando obtuvieron la Declaración Mineral Natural.
