Enrique RAMOS CRESPO
No hace falta un gobierno perfecto. Se necesita uno que sea práctico
Aristóteles. Filósofo griego del siglo IV A. C
No me gustaría haber estado en los zapatos de los miembros del equipo de Gobierno en el último pleno ordinario. Asumir que su voto es contra un interés, por mucho que sea un particular (la comunidad es la suma de las particularidades) porque lo dice un alto funcionario no suele ser de fácil digestión. Máxime cuando desde la bancada opuesta le advirtieron que ante la idea del particular de interponer una causa judicial, esta decisión podría provocar un quebranto económico al Ayuntamiento. Ahí a la prolija exposición respecto de que el plan general dice en un sitio que la cantidad de pisos debe ser tanta y en otro dice que debe haber tantos metros que tuvo uno de los ediles de la oposición, le falto la coda: “no digan que no se lo advertimos si dentro de dos o tres años cuando esto se sustancie en el juzgado el Ayuntamiento acaba condenado a pagar cientos de miles de euros”. No lo dijo y apenas lo sugirió
Pero como estamos diciendo, el equipo de Gobierno estaba atado de pies y manos; bien lo recordaron en el pleno y por si no había quedado claro, en un apóstrofe en forma de carta a los medios remitida ayer: “hacer algo en contra del dictamen de un funcionario público es prevaricar”. Bien tirada, pero cuela a medias: solo que hay que recordar la cantidad de veces que por ejemplo, se levantan desde una alcaldía, la presidencia de una Diputación o una consejería de comunidad autónoma, reparos de Intervención a determinados pagos de fondos públicos. Ahí el alto funcionario dice otra cosa, pero el político ejerce su mando porque la ley lo habilita con una última palabra.
En todo caso, y dado que hay una casta de altos funcionarios que, si no nos mienten nuestros políticos municipales, provinciales, autonómicos, nacionales y hasta europeos, están secuestrando con sus decisiones (por supuesto legales de toda legalidad), la voluntad de los que hemos elegido para representarnos, sería bueno que hubiera también una responsabilidad por su parte. Toda esta gente: secretarios, interventores, tesoreros, ingenieros, arquitectos, que aplican con lupa escrutadora los entresijos más arcanos de la legislación vigente ¿no tienen a nadie por encima? Al menos en el caso de Astorga, parece que sí, porque un particular no está de acuerdo con la manera que en la oficina técnica municipal tienen de interpretar esa ley. Así, yendo a un juez que dicte sentencia nos podríamos encontrar con que la ley, sujeta a interpretación, no dice lo que ve el alto funcionario de turno. Puesto que los políticos, so pena de prevaricación, no pueden oponerse a los dictámenes técnicos, el quebranto, si lo hubiera, debería ser asumido por quien firma el informe ¿Ampara eso alguna póliza de responsabilidad civil? ¿O si el juzgado falla en contra nos quedamos sin fiestas dentro de tres años para pagar la derrama?
Y es que, la historia reciente de España, arroja cientos de casos en los que las administraciones han acabado hincando rodilla en tierra ante reclamaciones de particulares que veían lesionados sus intereses; pero como es “pólvora del Rey”, nunca pasa nada: se paga y en paz. No, mire. Sí pasa; la pólvora del Rey es pólvora de todos y si lo gastamos en pagar multas, no nos queda para otra cosa. Hay alguna especialmente notoria: los pagos por expropiaciones de las autopistas radiales de Madrid evaluados en un principio en menos de 400 millones con una valoración firmada por sesudos técnicos, faltaría más; tras el paso por los juzgados acabó costando al erario público más de 2.200. ¿Quién lo pagó? Todos nosotros. Ni los técnicos que lo presentaron ni los políticos que lo acabaron firmando. Esperemos que no pase algo así en Astorga, pero si pasa, el procedimiento ya advierto que será el mismo.
El sistema que ampara todos estos resortes y cauciones nos ha dado una administración extraordinariamente lenta e ineficiente; cualquier asunto que se pretenda sacar adelante topa con una burocracia creciente, supuestamente en beneficio de las garantías del procedimiento y de que nadie meta la mano en la caja o se salte la norma. Con una jurisdicción que bebe en las fuentes de la tradición francesa, seguimos hipertrofiando nuestra administración cada vez más orlada de altos funcionarios que, de momento, se demuestra que sirven para costar una pasta al erario público y en infinitos casos, poco más. Dado que hay esta legión de salvaguardas legales, filtros que filtran lo filtrado por anteriores filtradores, tenderíamos a pensar que vivimos en un país sin corrupción o donde a una administración no hay juez que le tosa. Pero como no es así, tendremos que pensar o que los filtradores no hacen bien su trabajo, puntillosos con lo fino e ignorantes de lo gordo, o bien ese sistema que erigen en burladero para protegerse de la evidencia es, en realidad, un espejismo legalista que como asegura el viejo dicho, está como las serpientes, para morder antes a los pies descalzos.
