La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado la razón a Unión del Pueblo Leonés (UPL) y al resto de partidos de la oposición, junto al concejal no adscrito, ordenando mantener paralizados los acuerdos plenarios con los que el equipo de gobierno formado por el PP de Javier Carrera y Vox de Laura Gallego, que pretendían aumentar en un 31% las dedicaciones exclusivas y cobrar las retribuciones con carácter retroactivo.
El Alto Tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de apelación del Ayuntamiento. La sentencia confirma que la suspensión de la subida debe mantenerse vigente para evitar un perjuicio a las arcas públicas, alertando del riesgo de que, si se abonase ahora el dinero, sería muy difícil recuperarlo en caso de anulación definitiva.
Un duro varapalo judicial: «Interés particular» frente al interés general
La sentencia contiene una fundamentación especialmente severa. El TSJ cuestiona frontalmente el intento de cobrar la subida con carácter retroactivo tras la anulación de los acuerdos previos.
El fallo recoge literalmente que dicha maniobra «parece responder más que a un interés público […] a un estricto interés particular de los miembros de la Corporación afectados», con el único objetivo de paliar las consecuencias económicas que sufrieron tras la nulidad del acuerdo anterior.
Además, el tribunal desmonta la excusa del Ayuntamiento de que el funcionamiento municipal «corre peligro» sin esta subida salarial (la llamada «congelación» funcional). Los magistrados califican ese argumento de «alegato genérico e inmotivado», señalando que el equipo de gobierno no ha aportado «la más mínima prueba» de que el Ayuntamiento no pueda funcionar con los sueldos anteriores.
UPL: «Se confirma que su prioridad era su bolsillo, no los vecinos»
Desde Unión del Pueblo Leonés valoramos este auto como una victoria de la oposición, la fiscalización y del control democrático. «La Justicia ha frenado en seco una gestión que intentaba vestir de interés general lo que el propio tribunal ha identificado como un posible interés particular del PP y Vox para engordar sus cuentas bancarias a costa del dinero de los bañezanos», señalan desde la formación leonesista.
