El pasado mes de enero, durante la campaña especial de la DGT de control de Transporte Escolar y en el marco de las labores de vigilancia que la Guardia Civil realiza para controlar el correcto cumplimiento de la normativa que regula el transporte escolar, Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Transportes del Destacamento de Tráfico de Astorga, han identificado y posteriormente investigado a una persona, la cual era titular de un vehículo que realizaba Transporte regular de uso especial Transporte escolar, careciendo de autorización de transportes.
Durante la vigilancia que se estableció en la provincia de León, los agentes detectaron un vehículo que realizaba transporte regular de uso especial “transporte escolar” transportando a dos menores; tras solicitar al conductor la documentación correspondiente, comprobaron que dicho vehículo no poseía autorización de transportes VT para actuar con AUTO-TAXI, habiendo sustituido la placa de matrícula ordinaria trasera, por una placa especial con fondo azul y caracteres alfanuméricos en blanco, específica de los vehículos dedicados al transporte público de viajeros en vehículos turismo o de los vehículos de alquiler con conductor, dedicados al transporte de viajeros.
Al observar esta circunstancia de la que pudiera derivarse una infracción penal, es notificada por el Equipo de Transportes al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, quienes se trasladan al lugar al objeto de la instrucción de unas primeras diligencias.
De las gestiones realizadas con posterioridad, se puede constatar la autoría de la persona investigada al ser administradora única y propietaria de la empresa mercantil de transportes como autora de un delito de falsedad documental.
Además, se formularon dos denuncias por infracciones al Reglamento de Transportes: una por no carecer de la autorización específica de transporte escolar, sancionada con 2001 euros y otra por carecer de título habilitante para la realización de transporte regular de escolares sancionada con 4001 euros.
El delito de falsedad en documento público está recogido en el art. 392 del Código Penal y puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
