En octubre de 2014, once ayuntamientos de las Mancomunidades del Órbigo y de la Cepeda, junto a Astorga y Carrizo, llevaron ante la Fiscalía de León y el Seprona de la Guardia Civil lo que consideraban intolerable: vertidos directos y sin tratar en el CTR de San Román de la Vega, una instalación que debía tratar residuos y no limitarse a enterrarlos. Aquella denuncia no fue un gesto político ni una pataleta institucional. Fue una acusación grave basada en pruebas documentales, fotografías y vídeos, y en un temor fundado: la degradación ambiental de un territorio que ya estaba pagando un precio excesivo.
Once años después, la pregunta no es qué ocurrió con aquella denuncia. La pregunta es por qué nadie parece haber aprendido nada.
Hoy, en ese mismo enclave, se proyecta un macrovertedero de residuos industriales promovido por Valorización Verde, con capital público de la Junta de Castilla y León y privado de la mercantil Latem Aluminium entre otros, tramitado como Proyecto Regional y presentado como una infraestructura “estratégica”. Estratégica, sí, pero ¿para quién? Porque para buena parte de la provincia de León el mensaje es claro: donde hubo problemas ambientales, la respuesta no ha sido corregir el modelo, sino ampliarlo.
Un vertedero de dimensiones inéditas en España. El proyecto, aprobado por la Junta de Castilla y León como Proyecto Regional —figura que lo declara de utilidad pública e interés social— plantea construir un complejo de tratamiento y depósito de residuos con capacidad para varios millones de toneladas a lo largo de dos décadas. Se prevé que la instalación cuente con dos vasos diferenciados para residuos peligrosos y no peligrosos y que supere en volumen a los mayores vertederos industriales del país.
El nuevo vertedero no puede analizarse como un proyecto aislado. Es, en la práctica, la prolongación natural del CTR, la culminación de una política basada en concentrar residuos, riesgos e impactos siempre en los mismos municipios. Primero fueron residuos urbanos mal gestionados. Ahora serán residuos industriales, en volúmenes inéditos y durante décadas. El patrón se repite.
Resulta casi insultante que se pida confianza a la ciudadanía cuando el historial del CTR incluye denuncias penales, conflictos institucionales y sanciones administrativas por mala gestión. ¿Qué credibilidad tiene un sistema que ha demostrado, una y otra vez, que el control prometido en los despachos no siempre se traduce en protección real sobre el terreno?
La cuestión de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿se ha decidido que León sea el vertedero de referencia del noroeste peninsular? ¿Es ese el modelo de desarrollo que se ofrece a una provincia que lleva décadas perdiendo población, oportunidades e inversiones productivas?
Quienes defienden el proyecto hablan de empleo y de necesidad técnica. Pero callan sobre algo esencial: los vertederos no generan futuro, lo hipotecan. Condicionan el uso del suelo, deterioran la imagen del territorio y generan una dependencia estructural de actividades que ninguna comarca elige libremente como motor de desarrollo.
En 2014, varios ayuntamientos tuvieron el valor de decir “basta”. Hoy, ante un proyecto mucho mayor y mucho más irreversible, el silencio institucional sería una irresponsabilidad histórica. No se trata de oponerse por sistema, sino de negarse a aceptar que la única solución para los residuos sea enterrarlos, y siempre en el mismo sitio.
León no necesita más vertederos. Necesita un cambio real de modelo, basado en reducción, reciclaje y valorización efectiva, no en grandes infraestructuras que trasladan el problema al subsuelo y a las generaciones futuras.
Si algo demostró la denuncia del CTR es que cuando se baja la guardia, el territorio pierde. El macrovertedero industrial no es un nuevo debate: es el mismo de siempre, pero a una escala mucho más peligrosa. Y esta vez, mirar hacia otro lado no será una opción inocente.
