La Guardia Civil, en el marco de la operación “Finoplast”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento, transporte y exportación ilegal de residuos plásticos a terceros países. Han sido detenidas cinco personas e investigadas otras 15 por el tráfico ilegal de más de 41.000 toneladas de residuos plásticos a nivel nacional e internacional.
La localización de un vertedero ilegal a finales del año 2022 con varios miles de toneladas de residuos plásticos en una antigua ladrillera ubicada en la zona del Bierzo, en León, fue el punto de partida de esta investigación. Los agentes del Equipo del Seprona de la Guardia Civil de León detectaron este almacenamiento irregular al carecer dichas instalaciones de las pertinentes autorizaciones ambientales.
Con el avance de las indagaciones los guardias civiles observaron que la mayoría de los residuos almacenados eran plásticos procedentes de la agricultura con origen en Francia y Portugal. Esta basura era transportada por camiones portugueses de gran tonelaje aprovechando viajes de retorno entre ambos países, siendo depositados en esas instalaciones y en otras ubicadas en La Bañeza (León) y Alberic (Valencia). Al igual que la del Bierzo, ambas actuaban de manera clandestina al carecer de autorizaciones. Según la documentación analizada, se habrían trasladado desde Francia y Portugal a España de manera ilegal más de 18.800 toneladas de residuos.
Parte de esta basura era abandonada en las instalaciones y el resto era enviada a terceros países también de manera ilegal, bien haciéndolos pasar por materia prima o falseando la documentación ambiental. De todos estos envíos, la Guardia Civil ha detectado traslados ilegales de residuos cercanos a las 22.785 toneladas a India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos o Emiratos Árabes.
Fruto de las gestiones desarrolladas por el Seprona, se ha descubierto el contacto de las personas investigadas con varias empresas vinculadas a la gestión de residuos plásticos ubicadas en la provincia de Almería, con las que, de manera organizada, cargaban contenedores en los que ocultaban los residuos. Lo hacían mediante lo que denominan como “tapadera”, balas de plástico limpio que se ponen en la parte delantera del contenedor y que en el caso de ser inspeccionado por autoridades policiales o aduaneras el residuo que se oculta es difícilmente detectable, salvo que se utilice maquinaria pesada para moverlo.
Por parte del Seprona se han tomado muestras de un total de 16 residuos almacenados en la Comunidad Valenciana en las cuales, tras ser analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, se han detectado tóxicos en 15 de las 16 muestras.
La Guardia Civil ha registrado cuatro empresas que son la sede social de 16 sociedades, inspeccionado otras cuatro y registrado dos viviendas donde se ha intervenido documentación. También se han localizado e intervenido varios miles de toneladas de residuos depositados en instalaciones clandestinas en colaboración con las autoridades ambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Para realizar el mapeado y volumetría de los residuos depositados de manera ilegal se ha contado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa “Copernicus” que analiza el medio ambiente a través de diferentes tecnologías.
La averiguación patrimonial de las personas involucradas ha sido encomendada por la autoridad judicial y fiscal a la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, quienes han mantenido contactos con diferentes organismos a nivel nacional e internacional como Alemania, Suiza e Inglaterra, entre otros.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Seprona de la Guardia Civil de León, siendo dirigida por el Juzgado nº 1 de instrucción de Ponferrada y la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo de Ponferrada (León). La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el cabecilla de la trama.
La autoridad judicial ha emitido un total de 21 órdenes europeas de investigación a través de las que obtuvo la información necesaria que permitió el desarrollo de las diligencias practicadas en España por la Guardia Civil. De forma simultánea se ha trabajado en territorio francés y portugués en coordinación con Eurojust y Europol, la Gendarmería Nacional Francesa, la Policía Judiciaria Portuguesa y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza.
En todo el proceso se ha contado con la colaboración de las autoridades competentes a nivel nacional y autonómico en materia de residuos como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León, quienes han elaborado los correspondientes informes técnicos.
Además de las unidades y organismos reseñados, se ha contado con el apoyo del Servicio de Información de la Comandancia de León, Servicio Cinólogico de Castilla y León, Unidades de Seguridad Ciudadana de León, SEPRONA de las Comandancias de León, Valencia, Almería y Tenerife.
