El Grupo Municipal Socialista ha remitido por registro al alcalde de Astorga una propuesta de presentación conjunta de toda la corporación, en el próximo pleno ordinario, de alegaciones que justifiquen la oposición a la instalación de la planta de Biometano del Val de San Lorenzo.
Desde el PSOE, se ha preparado un documento con doce alegaciones «referidas a los datos ambientales, económicos, naturales» abriendo la puerta los socialistas a que «puedan ser matizadas o completadas por el resto de grupos». «En todo caso, un acuerdo de toda la Corporación sobre un asunto de tanta trascendencia redundaría en beneficio de la ciudadanía», subrayan.
La batería de alegaciones socialistas, que se remiten a la Dirección General de Política Ambiental de la Junta, explica que «aunque la instalación se localiza administrativamente en otro municipio, su proximidad a Astorga, así como las características y dimensiones del proyecto, hacen que sus posibles efectos trasciendan ampliamente los límites de la parcela y del término municipal donde se pretende ubicar».
Así, se «considera que la producción de biometano puede formar parte de una transición energética y de una adecuada valorización de determinados residuos. Nuestra posición no parte de rechazar una tecnología por el simple hecho de serlo. Nuestra preocupación se refiere a este proyecto concreto, a su dimensión, a su ubicación y a las garantías ofrecidas para evitar que sus posibles impactos terminen siendo asumidos por los vecinos de Astorga y de toda la comarca. Una instalación con capacidad para tratar 233.500 toneladas de residuos al año, situada a escasa distancia de Astorga, merece un análisis especialmente riguroso», afirman.
El escrito elaborado desde el PSOE y que espera contar con el respaldo conjunto de la corporación, pide que «se revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y, en su caso, se requiera al promotor la información y los estudios complementarios necesarios». También que «se concrete el origen, cantidad y procedencia de las 233.500 toneladas de residuos previstas, especialmente las aproximadamente 185.500 toneladas que no procederían del entorno de 30 kilómetros; que se presente un plan detallado de transporte, con las rutas previstas, número de vehículos, frecuencia de los desplazamientos y medidas de seguridad y que se acredite el destino y capacidad real de gestión de las aproximadamente 103.061 toneladas anuales de digestato, incluyendo las parcelas y superficies previstas y las medidas de protección de suelos y aguas».
Además, se solicita que «se realice una evaluación rigurosa de los olores y su posible afección a Astorga y a los núcleos próximos, utilizando datos meteorológicos representativos de la zona, que se estudie específicamente la afección sobre el Camino de Santiago, tanto durante las obras como durante la explotación de la instalación y que se compruebe expresamente la compatibilidad del proyecto con la legislación aplicable a los terrenos afectados por el incendio forestal de 2024». Asimismo, se pide que «se evalúen conjuntamente los efectos del proyecto sobre población, salud, paisaje, patrimonio, agricultura, turismo, agua y suelo, así como los posibles efectos acumulativos y sinérgicos con otras instalaciones o actividades existentes o previstas, que se acrediten suficientemente las garantías económicas y ambientales necesarias para responder ante posibles accidentes, daños ambientales, cierre y desmantelamiento de la instalación, que, mientras no queden suficientemente acreditados todos los aspectos anteriores, no se conceda la autorización ambiental solicitada y que se garantice la participación efectiva de las Administraciones locales y de las poblaciones potencialmente afectadas durante la tramitación del expediente».
