El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de la Comunidad afectadas por las borrascas de alto impacto registradas entre los días 13 y 19 de febrero de 2026, denominadas Oriana y Pedro.
Durante este periodo, Castilla y León ha sufrido nuevos episodios meteorológicos adversos que se han traducido en precipitaciones intensas en forma de lluvia y nieve, así como fuertes rachas de viento, que motivaron la activación de avisos de nivel naranja. Estos fenómenos se produjeron sobre un territorio ya afectado por borrascas anteriores, lo que agravó la situación hidrológica existente, incrementando las inundaciones y los daños en bienes, infraestructuras y servicios esenciales en numerosos municipios.
Como consecuencia de esta situación, se han mantenido activadas las distintas situaciones operativas del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) en el conjunto del territorio autonómico, con el objetivo de coordinar la respuesta ante la emergencia y minimizar sus efectos sobre la población y el entorno socioeconómico.
Desde el punto de vista jurídico, la solicitud se fundamenta en lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establece que existe una situación de carácter catastrófico cuando se produce un acontecimiento que altera de forma sustancial el funcionamiento normal de una comunidad, ocasionando daños e impactos materiales cuya magnitud supera los medios disponibles de la propia administración.
En este caso, los efectos acumulados de las borrascas Oriana y Pedro, sumados a los episodios meteorológicos previos, han provocado daños en viviendas y enseres, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas, infraestructuras municipales y redes viarias, así como afecciones medioambientales. Asimismo, las entidades locales han debido realizar actuaciones urgentes e inaplazables para garantizar la seguridad y restablecer servicios básicos.
La citada ley prevé que, cuando la recuperación de la emergencia requiera la intervención de la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros pueda declarar la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Esta declaración permite activar un conjunto de medidas extraordinarias destinadas a apoyar la reparación de daños en viviendas, infraestructuras y explotaciones económicas, así como compensar los gastos asumidos por las administraciones locales.
El procedimiento para esta declaración se inicia a solicitud de las administraciones públicas interesadas, tal y como establece el artículo 23 de la citada ley. En el ámbito autonómico, corresponde a la Junta de Castilla y León adoptar este tipo de acuerdos, conforme a lo previsto en el artículo 16 r) de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad.
Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en la normativa estatal para facilitar la recuperación económica y social de las zonas afectadas por las borrascas registradas entre los días 13 y 19 de febrero de 2026.
