Enrique RAMOS CRESPO
Quod natura non dat, Salamantica non praestat
En una suerte mediática de nacimiento del Guadiana, vuelve a surgir la polémica sobre si determinados políticos tienen o no tienen títulos académicos de los que presumen. Esta vez han pillado “con el carrito del helado” a una parlamentaria, madrileña ella, que se inventó una vida académica fecunda que, sin embargo, a partir del Bachillerato, había sido más bien magra y, en todo caso, sin frutos en la consecución de los ansiados títulos de los que alardea.
Y uno se pregunta: “¿habrá necesidad?”. Para dedicarse a la política en España no se exige titulación alguna y, de hecho, algunos de los que ostentaban con alarde currículos estudiantiles brillantes, han sido ilustres trincones de cuello blanco de este nuestro país. Muchas profesiones, casi todas de colegiación obligatoria para su ejercicio (médicos, abogados, ingenieros, arquitectos…), exigen acreditar esos estudios, pero otras muchas como la política, no ¿Por qué, pues, presumir de lo que no se es?
Quizás algún psicólogo pudiera describir aquí algún espectro de complejos o quizás, directamente tenga miedo alguno de los que se adorna con títulos que no tiene su contrincante político le espete “pero tú ¿con quién has empatado para decirme eso?”.
Pero ya que estamos viviendo en el universo de la apariencia, desde aquí ofrezco una alternativa al alcance del músculo telemático de nuestra sociedad: un registro público de la formación de las personas. Así nadie podría ponerse flores que no son suyas ni atribuirse méritos que forman parte de su apetencia más que de su competencia.
Así, si queremos saber si fulanita o menganito son o no lo peritos en la materia de la que alardean, que parece ser importante a la vista del esfuerzo que hacen en mentir; será suficiente con acudir al registro pertinente y comprobarlo. Convendría, también, que en el registro apareciese el centro por el que han conseguido el título del que presumen. Porque en este país, en especial en lo que va de siglo, lo de las universidades privadas dispuestas a vender títulos ha sido una epidemia. El número de estas “universidades de garaje” como han dado en llamarse, se multiplica de año en año con el amparo entusiasta de muchas comunidades autónomas, entre ellas, esta de opereta llamada Castilla y León.
Las universidades privadas en España son algo antiguo, pero no generalizado. La Universidad de Deusto va camino del siglo y medio de vida; la Pontificia de Salamanca, la de Navarra, ICADE y unos pocos ejemplos más, tienen más de 70 años. Estos centros buscaban formar élites con una excelencia educativa a cambio de un coste que muy pocas familias españolas podían pagar. Pero alguien vio el hueco y con la connivencia de las administraciones, hemos llegado a que esto se convierta en una industria: el objetivo ya no es formar élites, sino hacer negocio; mantener la exclusividad por la vía económica rebajando la excelencia académica. El sistema de la Selectividad, o EBAU, o PAU o como quiera llamársele, es la granja que amamanta este deterioro: aprueban casi todos, pero muy pocos llegan a la nota que exigen las universidades públicas en estudios muy demandados (o unas pocas privadas que siguen pensando en la formación más que en la cuenta de resultados). Así, con el examen de acceso a la universidad, aprobado, aunque sea por los pelos, se puede escoger la carrera que en casa estén dispuestos a pagar.
De ahí que en ese tan hipotético como improbable registro público, no solo convendrá que se especifique si Juan Español Desorientado tiene su título de Derecho o Medicina (aunque no esté colegiado y no ejerza); sino si lo ha hecho por una universidad en la que la cuenta corriente familiar tiene más valor que los codos de toda la vida.
En esta hoguera de las vanidades en que se ha convertido la supuesta formación de políticos, pero no solo, hay también quien ha encontrado un subterfugio que recuerda a los etiquetados de ciertos productos: “Alubias La Bañezana” (en muy grande) y debajo, en microscópico “Producto de Argentina”. Y es que hay quien se matriculó un buen día en una carrera universitaria fue por la facultad un par de meses, cuando vio que no era capaz de aprender a jugar al mus y seguramente habría que estudiar, desertó de los libros. Pero “el cachondo” escribe “estudios de Filología” en su currículum colgado en las webs del partido y, si llega, del parlamento de turno. No mire, no se exponga a más vergüenza. Eso lo deja peor.
En este punto voy a echar mano de un recurso estigmatizado por el periodismo clásico como es la primera persona, pero aun así, no me resisto. El suprascrito, allá por el lejano 2009 inició los estudios de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco; por diferentes cuestiones hube de abandonar pasado el primer año de formación predoctoral. Tenía mis razones y tampoco es para avergonzarse de que haya ocurrido algo así, pero ¿presumir? ¿De qué? ¿De que empecé una cosa que no fui capaz de terminar? No creo que si pretendiera dedicarme a la política se me ocurriría citar ese pasaje de mi vida académica como uno de mis avales para el desempeño de la vida pública.
Porque también es verdad que no siempre un currículo brillante deviene en un profesional eficaz. Miles de ejemplos en multitud de parcelas del mundo laboral nos acreditan que perfectos incompetentes han sido capaces de llegar hasta donde están con una hoja de servicios académica deslumbrante. Es entonces cuando se piensa que han gastado toda su materia gris estudiando y no les ha quedado arsenal neuronal para dedicarlo al trabajo. Algún estudiante en su pueblo decía “donde no hay mata, no hay patata”; desde que pasó por las aulas de Fray Luis pasó a enunciarlo con el latinajo que subtitula esta página: «lo que no da la naturaleza, no lo presta Salamanca».
