La parroquia de San Ignacio de Ponferrada está a punto de verse obligada a hacer callar sus campanas incluso para los llamamientos a misa y otros actos litúrgicos. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Astorga -todavía recurrible- considera que el sonido de sus tañidos supera ampliamente los límites establecidos en la legislación sobre ruido y la condena a cesar su actividad, según El Confidencial.
La sentencia condena a la Diócesis de Astorga a silenciar la actividad de las campanas de la iglesia denunciada y a adaptar las medidas correctoras necesarias para ajustar el volumen de su sonido a los límites establecidos por la Ley 5/2009. Asimismo, le condena a pagar 1.000 euros al denunciante en concepto de indemnización por los daños morales causados debido al estrés provocado por el ruido.
La resolución judicial no hace distinción entre los toques de campanas para dar la hora y los del llamamiento al culto, pues considera que ambos deben someterse a la legislación y no reconoce ninguna excepción. De hecho, indica expresamente que el toque de campanas no es en sí mismo un derecho que pueda ser incluido dentro de la libertad religiosa y de culto que consagra el artículo 16 de la Constitución. Y para ello se apoya en la Ley Orgánica 7/1980 que enumera los derechos de las personas amparadas por la libertad religiosa.
Según recoge el rotativo, fue el propio denunciante quien desveló en su declaración que el problema con las campanas comenzó hace tres años tras la llegada del nuevo párroco cuando se incrementó claramente el volumen de los tañidos, especialmente en el llamamiento a misa, cuando emplea las siete campanas de la iglesia.
Los informes aportados por el denunciante revelan que el sonido de las campanas supera lo permitido en 27 decibelios en el interior del domicilio y 23 en el exterior. Los toques cada hora también superan la legislación en 12 decibelios en el interior y en 15 en el exterior de la vivienda.
El denunciante lleva desde 2022 intentando solventar el problema, según señala El Confidencial, primero con quejas ante el Ayuntamiento que emitió un decreto conminando a la Diócesis a ajustar el sonido, pero el Obispado de Astorga recurrió y ganó por la falta de informes acústicos ante el Tribunal Superior de Justicia. El rotativo también asegura que el denunciante reiteró la queja y el Ayuntamiento ha emitido un decreto similar al anterior, pero la Diócesis todavía puede recurrir.
