Hay decisiones que pueden marcar el futuro de un pueblo y su comarca durante décadas. La posible instalación de una planta de biometano en el término municipal de Val de San Lorenzo es una de ellas, por el impacto que podría tener sobre la salud, la calidad de vida, el medio ambiente, la economía local y la identidad de la Maragatería. Ante un proyecto de esta envergadura, los vecinos tenemos derecho a conocer cómo avanza su tramitación, qué posición mantiene el Ayuntamiento y qué medidas puede adoptar para proteger al municipio. La información y la transparencia no son opcionales: son una exigencia de la gestión pública.
Los vecinos necesitamos información: queremos saber qué está pasando y qué piensa hacer el Ayuntamiento
El 17 de agosto de 2026, la Junta de Castilla y León abrió el periodo de información pública del proyecto. Muchos vecinos no conocían su existencia, como quedó de manifiesto en la primera charla informativa, celebrada el 10 de septiembre por iniciativa vecinal. Durante el encuentro, algunos asistentes expresaron su preocupación por la falta de información por parte del Ayuntamiento durante la tramitación. A día de hoy, seguimos sin conocer su posición oficial sobre la planta.
Además, la documentación pública consultada plantea dudas que requieren aclaración. En el anexo 4 de la memoria, titulado “Informe de Compatibilidad Urbanística”, no figura el informe municipal de compatibilidad urbanística correspondiente al proyecto. Este informe permite valorar, con el correspondiente fundamento técnico, si la instalación es compatible con el planeamiento urbanístico vigente. El anexo sí recoge un informe técnico urbanístico, solicitado por el Ayuntamiento y fechado el 17 de diciembre de 2024, que identifica a Engytek Energy, S.L. como peticionaria y menciona once parcelas del polígono 517. Sin embargo, el proyecto actual identifica a Apiolae, S.L. como promotora y sitúa la planta en las parcelas 16 y 17. Por eso pedimos que se aclaren tres cuestiones: ¿a qué proyecto se refería el informe técnico de 2024? ¿Ha emitido el Ayuntamiento un informe de compatibilidad urbanística sobre el proyecto actual? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus conclusiones? Conocer las respuestas es fundamental para entender la situación real del expediente.
También sigue pendiente la información anunciada por el Ayuntamiento. Tras la movilización vecinal del 26 de septiembre y el cierre del plazo de alegaciones el día 28, el Consistorio anunció que publicaría un bando para informar sobre las alegaciones municipales presentadas ante la Junta y otras actuaciones administrativas previstas. Un mes después, ese bando aún no se ha publicado y los vecinos seguimos sin conocer el contenido de las alegaciones ni las próximas actuaciones municipales.
Los vecinos de la comarca valoramos las medidas municipales que facilitaron la presentación de alegaciones. Ahora pedimos que el Ayuntamiento informe públicamente sobre su posición y las actuaciones realizadas y previstas. También solicitamos que facilite el acceso a la documentación del proyecto, incluidas las alegaciones municipales presentadas ante la Junta, con los límites que establezca la normativa. Asimismo, reclamamos que se estudien todas las vías legales disponibles para intentar impedir la instalación.
La normativa ofrece herramientas municipales que conviene estudiar
La autorización ambiental integrada de la planta corresponde a la Junta de Castilla y León, pero el Ayuntamiento tiene competencias propias en materia urbanística. La normativa prevé que, si el informe municipal de compatibilidad urbanística es desfavorable y se recibe antes de concederse la autorización ambiental, el órgano autonómico competente debe poner fin al procedimiento y archivar el expediente, siempre que se cumplan los requisitos legales. Por ello, es fundamental aclarar si existe un informe municipal sobre el proyecto de Val de San Lorenzo, conocer su contenido y confirmar si se ha remitido a la Junta.
Los vecinos también reclamamos información sobre las nuevas Normas Urbanísticas Municipales (NUM), cuya tramitación anunció el Ayuntamiento en enero de 2026. Estas normas permiten ordenar los usos del suelo y establecer las bases para el futuro desarrollo del municipio. Su elaboración es una oportunidad para proteger nuestras raíces, pensar qué pueblo queremos dejar a las próximas generaciones y favorecer un desarrollo rural sostenible. En concreto, las nuevas NUM permitirían estudiar cómo regular las plantas de biometano y otras instalaciones de tratamiento de residuos en suelo rústico, con criterios objetivos y debidamente justificados relacionados con la protección de la población y del medio ambiente, la conservación y seguridad de las vías de acceso, la preservación del patrimonio de la Maragatería y la correcta gestión de los residuos, entre otros.
Asimismo, pedimos al Ayuntamiento que tramite las nuevas NUM con la mayor diligencia y que, al aprobarlas inicialmente, estudie la suspensión temporal de las licencias urbanísticas afectadas. La normativa contempla esta posibilidad en los términos y plazos legalmente previstos. Esta medida podría impedir temporalmente la concesión de determinadas licencias mientras se aprueban las nuevas normas, que, si legalmente procede, podrían contribuir a evitar la instalación de la planta en el emplazamiento previsto.
Otros municipios de Castilla y León muestran vías de actuación
Las actuaciones de otros ayuntamientos de Castilla y León muestran que merece la pena estudiar las dos vías de intervención municipal anteriores. En Coreses (Zamora), tras recibir informes municipales contradictorios sobre la compatibilidad urbanística de una planta de biogás y biometano en suelo rústico, la Junta de Castilla y León solicitó una aclaración. En agosto de 2026, tras recibir el informe municipal definitivo desfavorable, acordó poner fin al procedimiento y archivar el expediente. Por su parte, en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), el Ayuntamiento manifestó en abril de 2026 su rechazo a un proyecto de planta de biogás y fertilizantes orgánicos. En junio, el Pleno Municipal aprobó inicialmente una modificación puntual de sus NUM para regular este tipo de instalaciones, estableciendo las condiciones técnicas, medioambientales y las distancias mínimas exigibles. Asimismo, acordó suspender temporalmente, en los términos legalmente previstos, las licencias urbanísticas que pudieran entrar en conflicto con la nueva normativa.
Son dos ejemplos distintos de actuación municipal, aunque la viabilidad y los efectos de estas medidas dependen de cada proyecto. Por ello, los vecinos pedimos al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo que estudie todas las opciones a su alcance para intentar impedir la instalación de la planta en suelo rústico municipal y adopte las medidas que considere procedentes dentro de sus competencias y de los plazos establecidos.
No hablamos solo de una planta industrial: hablamos de la vida y del futuro de nuestro pueblo y su comarca
Val de San Lorenzo no es solo el lugar donde se proyecta una instalación industrial. Es nuestro hogar. Es donde viven nuestras familias, donde trabajamos, cuidamos de nuestros mayores, mantenemos nuestros negocios y transmitimos nuestras tradiciones. Por eso, tenemos preguntas que necesitan respuestas claras: ¿qué efectos podría tener la planta sobre nuestra salud y calidad de vida? ¿Qué olores, emisiones y ruidos generaría? ¿Qué residuos recibiría y de dónde vendrían? ¿Cuánto tráfico pesado supondría y cómo afectaría a la seguridad vial? ¿Cómo podría afectar al patrimonio natural y cultural y, por tanto, al turismo rural? ¿Qué impacto podría tener
en la actividad económica y el valor de los inmuebles? La propia empresa promotora, Apiolae, S.L., señala en la memoria presentada ante la Junta en julio de 2026 que la mayoría de los efectos locales identificados son negativos, aunque los califica como compatibles o moderados. Aunque estas valoraciones no determinan por sí solas los efectos reales de la planta, pedimos al Ayuntamiento que explique qué medidas puede adoptar, dentro de sus competencias, para proteger al municipio y a sus habitantes si la planta llega a instalarse.
Todos deseamos empresas que impulsen la economía local, creen empleo y ayuden a fijar población. Sin embargo, la instalación proyectada plantea dudas sobre su contribución real al progreso de nuestra comarca y su compatibilidad con el desarrollo rural sostenible. La memoria prevé cinco empleos directos, trabajo temporal para alguna empresa de la zona y consumo de recursos locales. ¿Qué repercusión real tendrían estos beneficios en la economía de la comarca? ¿Son suficientes para compensar los posibles efectos sobre los vecinos, el entorno y el futuro de la Maragatería? Son preguntas que merecen respuestas basadas en datos. Por ello, también pedimos al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de visitar otras localidades donde funcionen plantas similares, para conocer de primera mano la experiencia de sus habitantes, su funcionamiento, los problemas que hayan podido surgir y las medidas adoptadas para resolverlos.
Somos maragatos. Somos historia, raíces e identidad. Somos la tierra que heredamos de nuestros mayores y el futuro que queremos dejar a nuestros hijos. Como vecinos, queremos que se escuche nuestra voz antes de tomar decisiones que puedan afectar durante décadas a nuestra comarca. Queremos defender nuestra salud, nuestro modo de vida, nuestro entorno y nuestro patrimonio, así como preservar una Maragatería en la que las próximas generaciones puedan vivir, trabajar y prosperar. Porque nuestra tierra no es solo el lugar donde vivimos: es parte de lo que somos. Por eso, seguiremos trabajando unidos, con respeto, responsabilidad y determinación para defender nuestro pueblo y nuestra comarca.
Val de San Lorenzo merece información, transparencia y medidas concretas. No puede quedarse esperando.
UN GRUPO DE VECINOS Y VECINAS DE LA MARAGATERÍA
