Desde Alantre denunciamos que el comienzo del año empieza con la subida en los peajes de las autopistas que atraviesan nuestro territorio (León-Astorga, León-Asturias), entre un 3,6% y un 4,6%. Autopistas pagadas de sobra, la que nos une a Asturias declarada ilegal, amortizadas hace años y que, aun así, siguen funcionando como un impuesto encubierto para quienes no tenemos alternativa y como beneficio caído del cielo para quien la gestiona pero jamás la usa porque ni siquiera es de aquí.
No es una casualidad ni un ajuste técnico. Es la desigualdad hecha política. Saben que la concesión extendida de la AP-66 cada vez dificulta más justificar que se siga cobrando por usar infraestructuras esenciales, y por eso aprietan ahora. Quieren exprimir hasta el final antes de que se les caiga el negocio y eso lo pagamos los ciudadanos.
Mientras hablan de cohesión territorial, nos obligan a pagar por movernos dentro de nuestro propio territorio. Mientras dicen preocuparse por la despoblación, castigan a quienes viven y trabajan en las comarcas más olvidadas. Aquí, desplazarse no es una opción: es una necesidad. Y convertir esa necesidad en negocio es una forma de expolio.
Llevamos décadas sosteniendo este abuso en silencio. Décadas viendo cómo se nos prometen alternativas que nunca llegan y cómo se normaliza que en unos territorios se pague por circular y en otros no. Esto no es justicia territorial, es discriminación.
Desde Alantre lo decimos claro: no aceptamos ni una subida más. Queremos el fin de los peajes, la reversión de las autopistas a lo público y una red viaria al servicio de la gente, no de las concesionarias. Lo que está en juego no es solo el precio de un trayecto, sino el derecho a vivir en nuestro territorio sin ser castigados por ello. Porque no es una subida sino el último atraco antes de que se les acabe el chollo. El autogobierno del País leonés se presenta como una necesidad aún más acuciante para garantizar la protección contra estos abusos.
