El salón de plenos municipal acogerá este jueves 31 de julio, desde las 13:30 horas, una sesión ordinaria que, a diferencia de lo que viene pasando en un buen número de plenos anteriores ‘vacíos’, sí que se presenta cargada de temas.
Además de dar cuenta de la renuncia al cargo de concejala de Chayo Roig, resoluciones de alcaldía y varios expedientes de reconocimiento judicial de crédito y la aprobación, si procede, de las sesiones del 29 de mayo y 26 de junio, en la parte resolutiva encontramos el reconocimiento de deuda del procedimiento interpuesto por el relojero Ramón Díguele ante el juzgado contencioso administrativo nº1 de León.
Cabe recordar que en el mes de junio del pasado año, tras haber denunciado Fanum una deuda de casi 70.000 euros por parte del Ayuntamiento por los generadores y el gasoil suministrado a los pabellones del Oeste y después se sumó una empresa de Orense por la cabalgata de Reyes, el relojero Ramón Díguele reclamaba unos 20.000 euros por las tareas de mantenimiento y arreglo del reloj del Ayuntamiento hasta febrero de 2024.
Según han confirmado fuentes municipales a esta redacción, finalmente se ha llegado con Díguele a un acuerdo extrajudicial abonando el Ayuntamiento finalmente 10.000 euros más IVA, pero este acuerdo tiene que pasar por pleno para ser ratificado por los corporativos.
También en la parte resolutiva, encontramos como punto del orden del día el recurso interpuesto por Promotora Maragata «contra la desestimación de la aprobación inicial de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana acordada en la sesión plenaria del 30 de enero» y el ejercicio de acciones judiciales en el procedimiento interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por Promotora Maragata». Según fuentes municipales, esta disputa tiene que ver con una disparidad de criterios a la hora de intrepretar el Plan General de Ordenación Urbana y que afecta a la promoción de viviendas que Promotora Maragata va a construir en el solar anexo a la estación de autobuses.
Parece ser que el PGOU establece, en imágenes, el máximo que se puede levantar del edificio y la parte ‘escrita’ de la documentación no se corresponde con el dibujo. El Ayuntamiento notificó, tras una primera reclamación de la promotora, que primaba la norma escrita pero la empresa no está de acuerdo con esta resolución y ha decidido seguir adelante con la reclamación para poder ‘levantar’ un piso más de viviendas.
