Tras no haber atendido reclamaciones realizadas durante años por el Alcalde de San Justo a GERSUL para que cumpliese con la obligación del pago de las cantidades anuales que venían estipuladas en un convenio administrativo suscrito en 2015 entre GERSUL, la UTE LEGIO VII y el propio Ayuntamiento de San Justo, éste tuvo que acudir a los tribunales, ya que, a pesar de que se prometía por el consorcio de residuos el pago de las cantidades debidas, nunca se llegaron a abonar. Debe destacarse, por el contrario, que la UTE Legio VII siempre abonó las cantidades debidas y que los propios órganos técnicos y de gobierno de GERSUL reconocieron la deuda y la incorporaron en sus presupuestos.
Como es sabido, la Diputación Provincial de León ha sucedido a GERSUL tras su extinción, por ello, la condena final ha recaído contra la corporación provincial, que se ha opuesto frontalmente en el procedimiento judicial al pago de las cantidades reclamadas. El Juzgado rechaza los argumentos de la Diputación, y entiende no solo que el convenio ha estado vigente durante el plazo de vigencia, sino que ha quedado plenamente acreditado que el Ayuntamiento de San Justo ha cumplido sus obligaciones, como habían reconocido los propios técnicos de GERSUL.
El Alcalde de San Justo de la Vega, Juan Carlos Rodríguez Rubio, valora muy positivamente la sentencia manifestando que: “después de años de pelear por los intereses del municipio y ver ahora reconocido el derecho del Ayuntamiento a cobrar las cantidades acordadas, le pido a la Diputación Provincial que cumpla con la sentencia y no intente demorar más —recurriendo la misma al TSJ— lo que es una deuda de la provincia con San Justo de la Vega. El municipio necesita urgentemente este dinero para poder seguir prestando servicios de calidad a sus vecinos, por lo que la Diputación debe apoyar política y económicamente a San Justo, que tantos sacrificios ha hecho por la provincia de León».
La sentencia todavía podría ser recurrida por la Institución Provincial.
