Manuel Jesús Dolz, fiscal del Tribunal Supremo, ha elevado un escrito en el que pide que se declare nulo el juicio de la operación Púnica, que condenó a penas menores de las reclamadas al antiguo presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
Considera en el escrito que los magistrados que juzgaron el caso “silenciaron la prueba de cargo” admitida y presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
También se pasó por alto en el proceso judicial la declaración de dos testigos, las comunicaciones telefónicas o el “probado desvío de fondos públicos” para mejorar la imagen personal en redes del expresidente de la Diputación del PP.
En este procedimiento se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del consultor Alejandro De Pedro.
Las penas, de entre tres y ocho años, dejaron fuera algunos aspectos como los contratos de reputación en internet a favor de Martínez Barazón e Isabel Carrasco.
