Ecologistas en Acción recurrirá las resoluciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León (BOP 12 febrero 2026) firmadas por el Jefe del Servicio, Sr. Jesús Méndez Fernandez, a instancia de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, que permiten aprovechamientos ganaderos y cinegéticos a partir del 1 de abril 2026, en los montes de la provincia de León afectados por los incendios del pasado mes de agosto, en contra de la Ley de Montes que prohíbe estas actividades durante 5 años.
Las resoluciones, que no son firmes y se pueden recurrir en alzada hasta el 13 de marzo, aplican únicamente en la provincia de León, aunque cabe la posibilidad de que también se publiquen en otras provincias que hayan sufrido los incendios forestales del pasado verano.
La ley de Montes de Castilla y León sólo permite levantar la suspensión de la ganadería y la caza “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especias de flora y fauna silvestre”, pero tal acreditación no existe. Las resoluciones no están justificadas porque la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para informar debidamente a la ciudadanía.
La gestión forestal nefasta, presuntamente criminal, que dio lugar en agosto 2025 a la mayor catástrofe ambiental registrada en León, con más del 10% de toda la superficie forestal de la provincia calcinada, afectando a espacios protegidos de incalculable valor ecológico (Montes Aquilanos, Sierras de la Cabrera, Alto Sil, Ancares, Parque Nacional de los Picos de Europa,…), culmina ahora con estas resoluciones acientíficas, basadas en falsedades, como por ejemplo considerar que son zonas de baja recurrencia de incendios lugares que los sufren año tras año: Anllares, Llamas de Cabrera, Yeres, Porto,…
Las resoluciones han ignorado el riesgo enorme de erosión de los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, pueden perder la cubierta vegetal de manera irreversible. Por lo tanto, habría que extremar la prohibición de la caza y de cualquier tipo de intervención (pastoreo, pisoteo…) que interfiera con las especies de flora y fauna en las zonas quemadas. En estas condiciones, permitir la actividad ganadera y cinegética en primavera, es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias desastrosas.
Además, levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección y su ubicación en espacios de la RN2000 y/o en parques regionales, nacionales o reservas de la biosfera, denota la total desvinculación de las resoluciones con la conservación del medio ambiente, a que se debe tanto el Servicio Territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Para terminar, recordamos que los responsables (políticos y técnicos) de este despropósito, tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y recuperar el patrimonio natural afectado. Lejos de eso, han priorizado intereses económicos cortoplacistas en una maniobra que huele a electoralismo y bajada de pantalones ante la presión de ganaderos y cazadores.
