“Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en eso”. Al Pacino interpretando a Michael Corleone en El Padrino II
Enrique RAMOS – Ilustración de CESARENE
En los últimos años se ha generalizado en España el despectivo término “paguita” para definir subsidios y cobros que suelen dejar al perceptor en el límite de la subsistencia, pero que, quien lo define como tal las ve como emolumentos ciclópeos y, sobre todo, escasamente merecidos. Es cierto también que muchos de los que utilizan el término, si se escarba un poco, a menudo son succionadores de la teta pública en sus múltiples versiones: políticos de funciones ignotas, funcionarios con más bajas que tiempo trabajado en sus vidas laborales, sindicalistas liberados con un balance de conquistas a favor de los trabajadores que exclusivamente se resume en su provecho…. Pero la paguita es como la paja en el ojo ajeno, que se atisba con nitidez mientras la viga en el propio parece transparente. No olvidemos, que estos subsidios llamados ingreso mínimo vital, renta garantizada de ciudadanía, renta garantizada de inserción o de mil modos más, son el colchón sociológico que intenta amortiguar las posibles rupturas de un mundo cada vez más desigual. La versión del pan (esta vez sin circo) de los romanos, no es más que un intento de no quitárselo todo a las clases más populares, no vaya a ser que les quitemos hasta el miedo y empiecen a valorar si la alternativa a morirse de hambre es hacerlo pegando tiros detrás de una piedra.
Y es que el señalamiento insistente de árbol de “la paguita” acaso nos está evitando ver el bosque de las pagazas. Da la impresión de que nos entretienen con lo menudo para que mientras tanto nos saquen lo gordo sin darnos cuenta.
No vamos a viajar mucho. En esta Castilla y León de nuestros pesares, se cuentan no menos de cuatro instituciones cuya funcionalidad, más allá de lo estrictamente protocolario, es más que cuestionable. Y según su propio desglose, tienen un presupuesto global de unos doce millones de euros. El Procurador del Común nos cuesta unos dos millones; el Consejo Consultivo, 2,7; el Consejo de Cuentas; 5,3 y el Consejo Económico y Social, otros dos. Se arraciman en estos ilustres epígrafes apellidos que en estos últimos cuarenta años han pilotado la política autonómica con mejor o peor criterio. Da la impresión de que la funcionalidad de estas instituciones se limita precisamente a eso: un aparcamiento en el que el aparcado en lugar, de pagar, cobra. Normalmente mucho.
Obsérvese que no incluyo en este paquete a las Cortes de Castilla y León. El parlamento autonómico por mucho que se cuestione su efectividad, está formado por personas elegidas por los ciudadanos. Y esa manía de no ponerles sueldo es un error: deben cobrar una retribución y ser nítida y pública para que no se vaya el dinero público en prima por asistencia a pleno por aquí, a comisión por allá, dietas y kilómetros por acullá… A algo parecido le llamaron el pitufeo en uno de los enormes episodios de la corrupción española cuando cargos públicos llevaban billetitos de quinientos euros a mayor gloria del partido; pero a poquito y de uno en uno para que así se notase menos.
Por eso, y con todas las críticas posibles a los funambulistas, trapecistas, fieras y payasos del hemicirco vallisoletano, me niego a incluirlos en las “pagazas”. Han sido votados, asumen responsabilidades y dan la cara, a veces para que se la partan.
Pero todos esos consejos (que ya una institución que empieza por tal sustantivo debería ponernos en guardia y con la mano en la cartera) son cementerios de elefantes que generan a veces sesudos informes y recomendaciones que si no se cumplen, no pasa absolutamente nada. El Procurador del Común es otro ejemplo de institución-mueble que si ejerciera sus funciones de evaluar si a derecho se ajustan reclamaciones de los ciudadanos contra la Administración, justificaría su existencia. Pero como es anecdótico el número de casos que lleva a la Fiscalía para que la justicia se haga también entre los pobres, hay que pensar que quien vive en esa institución se limita sus acciones a notas de prensa y a algunos tirones de orejas para que parezca que hace algo.
Lo decía Michael Corleone, el gran capo mafioso encarnado por Al Pacino en la segunda entrega de la película El Padrino y con lo que se subtitula este comentario. ¿A quién se le pasa por la cabeza que estos ilustres jerarcas de la cosa consultiva se van a poner a mal de verdad con quien les está derramando generosa retribución? ¿Esas “paguitas” no nos molestan?
Y no solo son esas instituciones consultivas, que, por cierto, no son privativas de León y Castilla, sino que proliferan en el resto de comunidades autónomas así como en la administración central del Estado. El dinero que se va en elusiones fiscales (de quien puede eludir al fisco, servidor no puede), corrupciones de diverso pelo o riego por aspersión de publicidad institucional a medios de comunicación turiferarios de según quién pague, loan al ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma con la desvergüenza más procaz, tampoco son paguitas y tampoco nos ponemos a controlar ese tipo de cosas. Quizás es que esa batalla ya la hemos dado por perdida.
